Raquel Catalá, la jueza de la vivienda que aprieta las tuercas a la Administración para que no desahucie sin dar una alternativa estable

Raquel Catalá trabaja como una hormiguita desde hace cuatro años en el juzgado número 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid.

Desde que llegó, con una energía que no le pasa desapercibida a nadie, puso el contador prácticamente a cero en esa plaza judicial, en la que los asuntos se acumulan en torres de carpetas, y llevando a todo el personal del juzgado a su ritmo, tan frenético como la rapidez con la que piensa su cabeza.

Su talón de Aquiles han sido casi siempre los desahucios.

Desde hace más de tres años, en sus autos, suele rechazar la ejecución de esa desgarradora medida, que consiste en expulsar a la gente de sus casas, por entender que se deja a los inquilinos, “sea cual sea su naturaleza y siendo okupas la mayor parte de las veces”, en situación de calle.

Según la interpretación que hace esta magistrada valenciana de las leyes, no se puede echar a ninguna familia vulnerable (sin recursos económicos o con menores al cargo) sin ofrecerle al mismo tiempo una alternativa habitacional estable".

Esa es la idea que atraviesa sus decisiones judiciales a este respecto, para las que se lee la letra más pequeña y realiza una aproximación integral a la problemática, incluyendo

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  Raquel Catalá, la jueza de la vivienda que aprieta las tuercas a la Administración para que no desahucie sin dar una alternativa estable