Las mudanzas y las obras en edificios de la Generalitat complican el trabajo presencial de los funcionarios

La Generalitat está reorganizando su patrimonio inmobiliario para volver a ser propietaria de sus edificios, ahorrarse los alquileres que paga actualmente y encontrar vías para conseguir ser eficiente en los gastos asociados a sus oficinas.

Para hacerlo, se apoya en una instrucción de 2021, aprobada por el Ejecutivo de Pere Aragonès, que obliga a que cada vez que un edificio público se renueve o que un servicio se traslade de oficinas , el espacio de trabajo tiene que reformarse para optimizarlo.

Entre otras cosas, señala que, por norma general, solo pueda haber mesas de trabajo para el 70% de la plantilla, y que los empleados del sector público no tengan sitios fijos y tengan que hacer rotaciones, usando el teletrabajo como alternativa.

La instrucción ya se ha aplicado en algunos edificios de la Generalitat, pero la previsión es que pueda afectar a 11.745 trabajadores en los próximos años solo en Barcelona, que son los que se tienen que reubicar de aquí a 2037 por el fin de los contratos de alquiler de los inmuebles.

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Referencias

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