Cuando el poder abre la puerta al crimen

Durante siete años, un fiscal de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario decidió qué cuentas judiciales podían vaciarse y firmó los oficios necesarios para hacerlo.

Mariano Ríos Artacho , según la acusación, desvió 425 millones de pesos depositados en concepto de fianzas, cauciones y fondos secuestrados en distintas investigaciones.

El dinero que el Estado le había confiado para custodiar terminó en casinos y en inversiones bursátiles con las que alimentaba su adicción al juego.

Lo hizo a través de una estructura de prestanombres que retiraban el efectivo, y con un abogado que reponía temporalmente los saldos cuando una causa se acercaba a un juicio abreviado o a una probation y alguien podía advertirlo.

Él mismo lo resumió ante el juez: administraba esos fondos como si fueran su billetera. El caso es escandaloso, pero lo más grave es lo que revela .

Ríos Artacho no era un funcionario sin antecedentes.

En 2024, la entonces auditora general del MPA y hoy fiscal general, María Cecilia Vranicich , lo investigó y advirtió que su conducta ameritaba una sanción más severa que la que finalmente aplicó la Legislatura: 60 días de suspensión si

Referencias

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